NUEVAS CAMPAÑAS SOBRE UNA VIEJA HERIDA: LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA INFANCIA MAPUCHE


Sólo entre los años 2001 a 2009, durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, se pueden individualizar al menos setenta niños, niñas y adolescentes mapuche agredidos directamente por personal de carabineros y policía de investigaciones. Si se suman las denuncias realizadas durante el actual gobierno, esta cifra se eleva rápidamente a una centena de menores de edad víctimas de la represión ejercida por las distintas instituciones que conforman el Estado de Chile.

No obstante, resulta ineludible la consideración que la política de represión y violencia estatal sistemática, ejercida a través de la militarización del territorio mapuche, afecta de manera indiscriminada, aunque en formas diversas, a la totalidad de los niños de este pueblo originario, quienes vivencian los efectos de allanamientos, hostigamiento y vigilancia a ellos y sus familias, intervención de espacios escolares, percibiendo al mismo tiempo los efectos negativos que provoca la política de criminalizar y judicializar las demandas de su pueblo.

Los principales objetivos que persigue la violencia histórica que el estado ha ejercido y ejerce hacia la infancia y adolescencia mapuche pueden ser sintetizados en dos ejes centrales: infundir miedo y favorecer la desmovilización del movimiento mapuche. Esta última idea se ve reforzada por la persecución penal y política de adolescentes mapuche y por las edades de los jóvenes asesinados por efectivos policiales en acciones de reivindicación territorial.

Además de los antecedentes mencionados, se debe considerar que la impunidad con que se ha ejercido y ejecutado la violencia represiva por parte de órganos del Estado, constituye un elemento fundamental para su perpetuación. Hasta la fecha, salvo escasas y decepcionantes excepciones, no ha existido un reconocimiento explícito del daño provocado ni la identificación de responsables políticos ni materiales de las graves vulneraciones de derecho efectuadas contra los niños, niñas y adolescentes mapuche.

En este punto, basta considerar el daño psicológico asociado al quiebre evolutivo y vital provocado por la persecución penal organizada contra los adolescentes Vania Queipul y Leonardo Quijón, quienes, habiendo sido finalmente absueltos, han visto interrumpidas de manera violenta e inexplicable sus dinámicas individuales y sociales, sin que nadie asuma la responsabilidad de haber vulnerado sus derechos y haber quebrantado sus procesos de desarrollo.

Por lo expuesto, no deja de resultar inconsistente y superficial el repentino interés de ex funcionarios de gobiernos concertacionistas en la instalación de campañas que promocionan la protección de la infancia mapuche. Inconsistente, porque no se ha explicitado ninguna forma de reconocimiento de la responsabilidad política en la represión que en algún momento auspiciaron y promovieron, avalándola en muchos casos, o manteniendo una silenciosa complicidad. Superficial, porque la profundidad y complejidad de la situación implica una reflexión ideológica que no se ha visto reflejada en ninguna propuesta política que aborde este grave problema desde las demandas del pueblo mapuche para el reconocimiento de sus derechos como pueblo originario.

En este sentido, las propuestas de intervención institucional a través de organismos como el Servicio Nacional de Menores, mantienen indemne el contenido de asimilación cultural y control social de muchos otros programas sociales destinados a abordar de una manera insuficiente y asistencial las demandas culturales y territoriales del pueblo mapuche.

Los conceptos sobre los que desarrollan técnicamente estos programas, no se fundamentan en la cosmovisión mapuche, manteniendo por lo tanto a la base la comprensión chilena de las estructuras y roles sociales, junto con las categorías cognitivas que los sustentan, generando así formas de intervención que no se fundamentan en los factores reales que originan el problema que buscan resolver.

No puede homologarse de manera simple y directa el daño vivenciado por un niño o niña que experimenta los efectos de la violencia intrafamiliar, en cualquiera de sus formas, con aquellos niños que sufren, junto con sus familias, de manera constante y persistente la violencia de un Estado que se niega a reconocer sus derechos más básicos, como el vivir libres de la amenaza de violencia policial y/o armada. Difícilmente este mismo Estado puede generar las confianzas para promover un proceso reparatorio, sin interrumpir primero las condiciones de vulneración.

Por lo anteriormente señalado, la propuesta es el reconocimiento por parte del Estado chileno del grave daño provocado a la infancia y adolescencia mapuche, a través de sus sucesivos gobiernos y por medio de sus distintas instituciones. Este reconocimiento no puede ser sólo retórico, lo que claramente resulta insuficiente, sino debe fundamentarse en el desarrollo de mecanismos y procedimientos que permitan terminar con la impunidad que ampara a los responsables de ordenar, organizar y ejecutar la represión. La permanencia en el anonimato de los autores permite que continúen su acción sin limitaciones y escapen a la responsabilidad de dañar de manera permanente a aquellos que no tienen la posibilidad de protegerse ni defenderse.

Por otra parte, la interrupción de la vulneración de derechos, primer paso de cualquier acción reparatoria, debe fundamentarse en la desmilitarización de las comunidades mapuche, dado que es la presencia permanente de la policía chilena la que genera en los niños y niñas de este pueblo originario, un daño que se profundiza y reedita de manera constante.

Frente a esta problemática, no basta con crear la necesidad de proteger a la infancia mapuche, debe considerarse que la forma de establecer los mecanismos para restituir plenamente sus derechos y responder al Interés Superior del Niño, no puede desvincularse de las exigencias del pueblo mapuche por el respeto y cumplimiento de sus derechos colectivos (Observación N°11, Comité de los Derechos del Niño, 2009).

CLAUDIA MOLINA GONZÁLEZ

PSICÓLOGA

DEFENSOR AUTÓNOMO MAPUCHE

COLABORADORA GRUPO DE TRABAJO DE DERECHOS COLECTIVOS

COLABORADORA MAPUEXPRESS

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