La última resistencia


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La última resistencia
Reporteado por: Ignacio Gallegos En categoría: Actualidad

En doscientos años de historia independiente, Chile no ha logrado resolver el conflicto mapuche. Hoy, el gobierno de Sebastián Piñera hereda no sólo la tensión con el pueblo originario más numeroso de nuestro país, sino también los cuestionamientos internacionales a mecanismos legales como la Ley Antiterrorista.

Foto: UPI

Foto: UPI

Ya son treinta y dos los ciudadanos mapuches en prisión que están en huelga de hambre. Los últimos de ellos se unieron esta misma semana, en medio de una discusión legal y humanitaria que ha alcanzado niveles internacionales.

Juan Carlos Parra Leiva está detenido en la cárcel de Lebu, en la región del Bio Bío y fue el último comunero en unirse a la huelga líquida sostenida por presos mapuches, de los cuales quince están presos en Temuco, 8 en Angol, 5 en Concepción, 1 en Valdivia y otro en Lebu.

El martes 10 de agosto, oficializó su decisión a través de un comunicado en el que afirmó ser “secuestrado por el Estado chileno”, y realizó una serie de peticiones. Entre ellas, solicitó el fin de la Ley Antiterrorista, la libertad de todos los presos mapuches, y el fin del doble procesamiento (civil y militar) en las causas indígenas.

La polémica Ley Antiterrorista, instaurada por Augusto Pinochet en 1984 para evitar atentados opositores, sigue en vigencia y es usada desde el gobierno de Eduardo Frei para frenar la acción del pueblo mapuche.

Esta es, precisamente, la ley que acusa a 12 comuneros indígenas, que el 5 de agosto pasado protagonizaron altercados con la prensa y con gendarmería, en la preparación de su juicio. Entre ellos se encuentran los líderes militares de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), principal organización del activismo mapuche.

El miércoles 11 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Gutiérrez (PC), se reunió con familiares de los huelguistas, quienes dieron a conocer a los parlamentarios cuál es la situación de estos últimos. Rodrigo Curipán, vocero de la Coordinación de Familiares de los Presos Políticos Mapuches en Huelga de Hambre, afirmó que la reunión tuvo por objetivo “darle a entender a la Comisión de Derechos Humanos que se hace urgente su intervención en este asunto”. Desde Angol, Curipán agrega que los presos “están bastante complicados. Su situación de salud se empezó a agudizar desde la semana pasada”. Específicamente en el Centro de Detención Preventiva de Angol, donde se encuentran presos diez de los participantes de la huelga, el vocero acusa que “Gendarmería se ha negado sistemáticamente a dejar ingresar un doctor a esa unidad penitenciaria”.

Andrés Laso, abogado secretario de la comisión, afirma que los diputados acordaron “visitar las cárceles, pero no como comisión, sino de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de ellos”. Además, aseguró que ésta fue la única conclusión relevante. A pesar de que se impulsó la discusión respecto a la Ley Antiterrorista, según Laso, la comisión “no tiene potestad” para dar solución a los problemas de esa ley.

Foto: Alipio Ortega/UPI

Foto: Alipio Ortega/UPI

La Ley Antiterrorista

Veinticuatro de los huelguistas mapuches se encuentran en reclusión debido a la vigencia de Ley Antiterrorista, cuya principal característica es endurecer la pena aplicada a delitos comunes. Funciona a través de la controvertida figura del “testigo protegido”, es decir, las acusaciones pueden basarse en testimonios anónimos, sin que la defensa tenga la posibilidad de interrogar a los supuestos informantes.

La vigencia de esta ley ha sido blanco de críticas de nivel internacional. En agosto de 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó su preocupación por la aplicación de la norma. En esa oportunidad, el relator Alexei Avtonomov afirmó que “es importante que se distinga entre terroristas y delincuentes”. Para Nelson Miranda, abogado defensor de los presos mapuches, la situación es mucho más grave. “El uso de la Ley Antiterrorista es un abuso discriminatorio y racista”, acusa. Y agrega: “Estamos frente a una suerte de limpieza étnica”.

La conexión con las Farc

La tensión alcanza ahora un nivel internacional, pues el Ministerio Público busca demostrar que miembros de la CAM estarían recibiendo instrucción por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El pasado 3 de agosto, el fiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljubetic, declaró que miembros de la comunidad indígena chilena habrían permanecido en el campamento 48 del organismo revolucionario colombiano. “Existen presunciones bastante fundadas de que puedan haber estado en ese campamento o en algún otro cercano”, dijo. De hecho, se evalúa interrogar a cuatro ciudadanos colombianos en calidad de testigos de contexto, para lo que se pediría la colaboración del Ministerio Público de Colombia.

La demanda indígena en Chile

El 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instaurado por la ONU en 1994. Para la ocasión, la organización independiente Políticas Públicas organizó un seminario que tuvo como temática central la aplicación del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en 2009, y la pronta redacción de un informe alternativo al presentado por el gobierno. Esto porque el organismo obliga al Estado a presentar una memoria en la que expongan las medidas que han tomado tras la ratificación del convenio, pero da la posibilidad a los líderes indígenas de la redacción y presentación de una memoria propia. El seminario tuvo como figura a Bartolomé Clavero, destacado jurista español y vicepresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Según sus declaraciones en el seminario, la redacción del informe alternativo es algo “que no es necesario, pero que es importantísimo y es realmente valiosísimo”. El jurista destacó la importancia de que las ONG “tengan un informe alternativo que comparar, que contraponer y sopesar con respecto al informe preceptivo que tiene que entregar el gobierno”.

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