Rechazan política estatal chilena para acallar difusión independiente sobre demandas Mapuche



Rechazan política estatal chilena para acallar difusión independiente sobre demandas Mapuche.

Se adjunta minuta de detenciones que afectan a comunicadores. Hoy desarrollaron conferencia de prensa en Santiago.-

COMUNICADO PÚBLICO

Las organizaciones abajo firmantes declaramos nuestro rechazo a la política que el Estado de Chile ha desarrollado para acallar la difusión independiente sobre las demandas mapuche, afectando por años el trabajo de periodistas y comunicadores, nacionales y extranjeros.

La última acción se produjo el miércoles 10 de Febrero de 2010, cuando, por orden del Fiscal de Temuco, señor Sergio Moya, funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaron al lugar de trabajo y al domicilio de Richard Curinao, miembro de la Red de Comunicadores Mapuche, para interrogarlo e incautar su computador personal, archivos digitales y accesorios de comunicación. La razón de tal incautación sería la publicación en el blogspot WERKEN KVRVF y la distribución vía correo electrónico de información relacionada con la organización mapuche “Coordinadora Arauco Malleco”, la cual circula abiertamente en diversos medios de comunicación social.

Como hasta el día de hoy no se le ha reintegrado ningún equipo ni material, ni tampoco se ha formalizado acusación alguna en su contra, y en nuestra calidad de organizaciones relacionadas con el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información, reclamamos la devolución de dichos elementos y exigimos el respeto de sus derechos.

Ante esto declaramos

1. El Estado de Chile debe garantizar la libertad de expresión a todas las personas, sin discriminación alguna, por mandato expreso del artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política y de normas internacionales, como el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 30 del Convenio 169 de la OIT, todas normas vinculantes para las autoridades nacionales y que comprometen la responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional.

2. Debemos recordar que, en el marco de su primer Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de mayo de 2009, al Estado de Chile se le recomendó expresamente la investigación de casos de detención y deportación de periodistas y cineastas que realizan trabajos acerca de la realidad del pueblo mapuche, recomendación de la cual aún no da cuenta.

3. La situación que hoy afecta a Richard Curinao no es nueva y se produce en un contexto de hostigamiento contra periodistas y comunicadores que han estado informando a la comunidad nacional e internacional sobre la realidad que afecta al pueblo mapuche y la defensa de sus derechos humanos, vulnerando la libertad de expresión y de opinión, así como el derecho de la ciudadanía a la información, sin limitación de fronteras ni de acceso a cualquier medio de comunicación.

4. Al respecto, es emblemático el caso de la documentalista Elena Varela, quien enfrenta un juicio en la ciudad de Villarrica, en el cual le requisaron material audiovisual que daba cuenta de su investigación sobre las reivindicaciones territoriales del Pueblo Mapuche. Luego dos años, aún no recupera sus materiales incautados. También el Estado ha expulsado del país a corresponsales extranjeros mientras reporteaban acontecimientos en territorio mapuche.

Por estas razones, solicitamos a las autoridades nacionales que adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país, dando cabal cumplimiento a las normas que los resguardan, poniendo fin a las situaciones de hostigamiento a periodistas y comunicadores sociales quienes, en el ejercicio de su trabajo, investigan y difunden situaciones que afectan al Pueblo Mapuche y reivindicaciones asociadas a sus derechos como pueblo originario.

COLEGIO DE PERIODISTAS (CONSEJO METROPOLITANO)
RED DE COMUNICADORES MAPUCHE
RED DE MEDIOS DE LOS PUEBLOS
COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA
CLACPI (COORDINADORA LATINOAMERICANA DE COMUNICADORES Y PERIODISTAS INDÍGENAS)

OBSERVATORIO CIUDADANO
ONG ECO EDUCACIÓN Y COMUNICACIONES
OLCA (OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES)
RAJAS (RED DE ACCION POR LA JUSTICIA AMBIENTAL Y SOCIAL)

Minuta de detenciones y hechos que han afectado a comunicadores en el marco de la demanda territorial del Pueblo Mapuche (2008-2010)

En mayo de 2009, en el marco del primer Examen Periódico Universal rendido por el Estado chileno ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación general de los derechos humanos en Chile, a la luz de los tratados de Naciones Unidas que el país ha ratificado, le fueron formuladas más de 70 recomendaciones para mejorar su cumplimiento.

De estas recomendaciones, rechazó dos y sobre tres no tuvo una postura clara, como señala el informe final del Consejo que Chile integra en calidad de vicepresidente. Una de ellas, le pedía investigar todos los casos de detenciones y deportaciones que han afectado a periodistas y cineastas que registran la situación del pueblo mapuche.

La siguiente minuta da cuenta, en orden cronológico, de algunos de casos acontecidos en los últimos dos años, y que han afectado tanto a comunicadores mapuche, como nacionales y extranjeros, que documentan o informan situaciones de vulneración de derechos humanos en el marco de las reivindicaciones territoriales de comunidades mapuche en la Región de la Araucanía. En la totalidad de los casos, se ha procedido a la incautación de materiales de trabajo de estos profesionales (cámaras fotográficas, de filmación, computadores) y los registros han quedado en manos de las policías. Con lo que se vulnera no solo el ejercicio de la libertad de expresión, sino también el derecho de propiedad que tienen dichos profesionales sobre estos bienes.

Año 2010

Miércoles 10 de febrero de 2010. El caso del comunicador mapuche, Richard Curinao, miembro del equipo del programa radial Wixage Anai de Radio Tierra.

Cerca de las 11 de la mañana, Richard Curinao Pallaleo, recibió un llamado desde su trabajo para presentarse de inmediato en la oficina, ubicada en el centro de Santiago. "Acudí pensando que era algún problema directamente relacionado con mis labores", recuerda. Al llegar, en el lugar se encontraba un fuerte contingente de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes requisaban las computadoras. Según le informó el comisario a cargo del procedimiento, debían requisar todos los equipos que Curinao manejaba, y que posteriormente aquellos que estuvieran en su domicilio.

Camino a su hogar, el profesional fue informado que la orden de incautación de sus herramientas de trabajo provenía de la Fiscalía de Temuco, específicamente del fiscal Sergio Moya, uno de los fiscales especiales encargados de investigar hechos de violencia en la zona de conflicto territorial. Los policías le mencionaron, también, que investigaban el blog Werken Kvrvf, del cual Curinao es el editor.

Al llegar al domicilio, le indicaron que si se oponía al procedimiento, “lo único que iba a conseguir era que entraran por la fuerza a mi casa a retirar todos los equipos y que me llevarían detenido, tanto a mi como aquellas personas que se opusieran al operativo", relata el comunicador. En la casa se encontraban su hermana, su cuñado y sus sobrinos, 2, 5 y 12 años de edad.

"Registraron todas mis cosas personales, entre ellas carpetas, cuadernos, libros y se llevaron un estuche con 74 CDs con documentales mapuches, videos familiares y trabajos académicos. Se llevaron también el chip de mi celular, la tarjeta de mi cámara fotográfica y mi agenda personal, en donde manejo todos mis contactos telefónicos y de correos electrónicos", denuncia.

El operativo incluyó además un interrogatorio extrajudicial. "Me interrogaban por mi participación en organizaciones mapuche en Santiago, por Meli Wixan Mapu y la Agrupación Kilapan, también sobre el programa radial en el cual participo, Wixage Anai, si conocía a los líderes de estas organizaciones mencionadas", y finalmente, si conocía o me había reunido en algún momento con Héctor Llaitul y Mauricio Waikilao".

Miércoles 3 de febrero de 2010. Caso de Massimo Falqui, fotógrafo italiano.

La detención Massimo Falqui Massidda se produjo en la comuna de Ercilla, cuando a eso de las 19:00 horas fue interceptado por efectivos de fuerzas especiales de carabineros en la vía pública. Falqui estaba radicado hace tres meses en la Región de la Araucanía, en misión para la Asociación Internacional de Derechos Humanos, entidad que cuenta con status consultivo en las Naciones Unidas y en el Consejo Europeo. Su labor consistía en hacer un registro (muestra fotográfica) sobre la realidad del pueblo mapuche, para luego realizar una exposición y un documental.

“Eran cerca de las siete de la tarde cuando, mientras andaba en bicicleta por Ercilla, me detiene una camioneta de carabineros de la cual bajaron una serie de policías. Allí me preguntaron por mi pasaporte y qué era lo que estaba haciendo en Chile”, relata.

Luego, y sin señalársele motivo, fue trasladado por carabineros hasta la tenencia de esa ciudad, donde los efectivos policiales comenzaron a interrogarlo sobre el qué de su presencia en la Comunidad Autónoma de Temucuicui, sobre los vínculos que tenía con la familia Huenchullan, miembros de dicha comunidad, y el paradero de un menor que desde los 10 años ha sido víctima de detenciones e incluso herido en su brazo por la policía, en el marco de allanamiento a esta comunidad. Cuando el gráfico consultó cuál era el motivo de que lo tuvieran en la comisaría y le hicieran todas estas preguntas, le señalaron “que era un control normal que hacen a toda la gente que pasa por la vía pública”, comentó.

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Año 2009

Domingo 17 de mayo de 2009. El caso de Marcelo Garay, periodista independiente y colaborador de La Nación.

Marcelo Garay trabajaba en un reportaje sobre la situación que afecta a la Comunidad Autónoma Juan Quintremil, ubicada en la comuna de Padre de Las Casas, cuyas tierras ancestrales y que reivindican, son hoy explotadas por la empresa forestal MASISA. Para ello realizó entrevistas a integrantes de la comunidad y luego se dispuso a hacer registros fotográficos. Cerca de las 16:30 horas, fue requerido a gritos por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros ubicados en un “campamento policial temporal”, como describe el periodista, quienes le obligaron a identificarse, señalándole que se encontraba dentro de propiedad privada, pese a no existir cerco ni nada que así lo señalara.

Un oficial de civil que no se identificó le exigió exhibir las imágenes registradas con su equipo fotográfico (Cámara Nikon D4 digital; provista de lente normal y teleobjetivo de 300 milímetros, de la misma marca), incautándole el equipo, además de su teléfono celular personal. El mismo funcionario policial le propuso luego: “vamos a hacer un trato de caballeros, es decir, se te hará el control de identidad efectivo, yo copiaré las fotos que tomaste y, si no tienes nada (antecedentes), te irás. Pero también podemos hacer un poquito de inteligencia, hablamos con El Mercurio y te ponemos que violaste propiedad privada y así te jodemos a ti y a tu diario”.

El profesional fue detenido y conducido hasta la Tercera Comisaría de Carabineros de Padre Las Casas, donde se le practicó el “control de identidad efectivo”, que se extendió por cerca de cinco horas. Entre tanto, la cámara fotográfica fue periciada por funcionaros de civil, quienes, además, le fotografiaron en tres ocasiones. Al término de esta diligencia, recién Garay pudo conocer el motivo de su detención (artículo N°1 de los derechos del detenido), presunta infracción al artículo 161-A del Código Penal, ordenada por el fiscal de turno, por lo que sería puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco.

Garay denuncia, además, que al día siguiente “lunes 18 de mayo, comencé a ser seguido por cerca de 20 policías de civil pertenecientes a la SIP de la Tercera Comisaría de Padre Las Casas, a los cuales vio durante su detención en la citada unidad policial. Estos se desplazaban en distintos vehículos particulares y locomoción colectiva, por lo que interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, al ver en riesgo su integridad personal.

Domingo 17 de marzo de 2009. El caso de Fando Serey Baeza, comunicador independiente.

El mismo domingo 17 de mayo, cerca de las 21:00 horas y mientras trabajaba en una nota de prensa para denunciar la detención que horas antes había afectado al periodista Marcelo Garay, fue allanado el domicilio de Fando Serey Baeza.

El allanamiento a su domicilio habría estado motivado por haber sido quien llevó a Garay a dicha comunidad. Según Serey, tanto él como su esposa e hija de 16 años fueron maltratados verbal y sicológicamente por los policías, que en gran número y en varias patrullas, realizaron un operativo de al menos dos horas, durante el cual le incautaron su computador y numerosos elementos personales para efectuar “peritajes”. Los policías destrozaron la cadena del portón de entrada e ingresando con fuertemente armados. Serey solicitó la orden judicial correspondiente, pero según señala, los efectivos rompieron la puerta de entrada. “‘No necesitamos Orden por Escrito. Es suficiente una orden telefónica de la Magistrado que instruye la Causa’…”, fue la respuesta, según se reseña en el recurso de amparo que presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco, donde señala que le gritaban “‘¡No toque nada, no se mueva!, mientras nos apuntaban con sus metralletas (…)”.

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Año 2008

Miércoles 7 de mayo de 2008. El caso de Elena Varela, cineasta.

Elena Varela es detenida a primera hora esa mañana en su casa en Licanray, cuando junto a su equipo se alistaban a iniciar una nueva jornada de rodaje de su documental "Newen Mapu Che". Cerca de 30 efectivos, y solo uno de ellos identificado, ingresaron a la propiedad sin exhibir orden de detención alguna, mientras un contingente similar en el exterior procedía a incautar y subir a una camioneta todo el material fílmico, cámaras y utilería de la película.

Varela fue esposada y subida a un auto con de vidrios polarizados, encañonada en todo momento, y amenazándola sicológicamente el oficial que estaba a su lado con que era mejor que cooperará, pues “su hija (de 16 años) iba a estar muy preocupada cuando regresara del colegio y no la encontrará”. También fue objeto de otro tipo de torturas: “Me detuvieron a las nueve de la mañana del día 7 de mayo y me tuvieron sin comer ni tomar agua durante todo el día. Además, me obligaron a estar de pie toda la tarde, como seis horas, mirando contra la pared. Después de todo eso, me interrogaron. A las dos de la mañana un oficial golpeaba la mesa tratando de obligarme a decir lo que él quería escuchar”, recuerda.

Elena no supo sino hasta las preguntas de la prensa, apostada en la unidad de investigaciones de Temuco a donde fue conducida, que estaba acusada de una supuesta participación intelectual en dos asaltos en las ciudades de Machali y Loncoche. Tampoco la dejaron hablar con un abogado. Finalmente, Varela fue trasladada, por vía aérea, a la cárcel de alta seguridad de Rancagua, en donde permaneció privada de libertad por algunos meses, hasta lograr una modificación de medidas cautelares. En su reemplazo, se le decretó arresto domiciliario a partir de las 22:00 horas y arraigo nacional.

El pasado martes 13 de abril, a casi dos años de su detención, recién se inició el juicio oral en su contra, y otros cinco imputados en estos hechos. Hasta ahora, se le ha restituido menos de un tercio de su material audiovisual sobre el pueblo mapuche y la demanda territorial que mantienen en la región de la Araucanía, pero dañado en su gran mayoría. Cabe destacar que el documental (Newen Mapuche), financiado por la CORFO y el FONDART, no guarda relación alguna con los cargos que se le imputan, y que pese a ser solicitada su devolución por distintas vías, permanece aún en manos de la fiscalía.

Sábado 3 de mayo de 2008. El caso de Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, documentalistas italianos.

Ambos jóvenes fueron detenidos mientras realizaban un registro audiovisual de una movilización mapuche pacífica al interior de un predio de Forestal Mininco (Fundo Chupilko), en el marco de un operativo realizado por Carabineros, en el marco de una orden emanada por tribunales. Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi fueron arrestados por los policías, en el preciso momento en que entrevistaban al lonko de la comunidad, que desde hace 17 años denuncia la usurpación de sus tierras por parte de la empresa forestal.

Pese a que exhibieron sus pasaportes, como documento de identificación, y explicaron los motivos de su trabajo (documentar la pérdida de plantas medicinales, producto de la explotación forestal y la escasez de agua), fueron acusados de infracción a la Ley de Extranjería, siendo trasladados de forma violenta al cuartel de la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro. Allí los documentalistas quedaron a disposición del fiscal del Ministerio Público, Jorge Granada, quien tras conocer los antecedentes del caso determinó su libertad, previa citación a la gobernación de Cautín.

"Nos han tratado como delincuentes, como los peores terroristas del mundo, y no estábamos haciendo nada, solo registrando lo que estaba pasando. Nos aprehendieron como en una película americana, boca abajo y con la cara en el suelo, lo único que queríamos era hablar con las personas que estaban allí, pero no podíamos movernos con las esposas tan apretadas. Esto era de otro mundo, no sabíamos lo que estaba pasando", señaló Gabriele Giuseppe.

Todo el material filmado fue incautado por la policía y posteriormente los jóvenes expulsados del país por infracción a la Ley de Extranjería. Ello a pesar de tener toda su documentación en regla.

Lunes 17 de marzo de 2008. El caso de Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, documentalistas franceses.

Christopher Cyril y Joffrey Paul fueron detenidos a las 13:30 horas en la ciudad de Collipulli, luego de filmar al werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan, mientras éste realizaba el trámite de firmar en el Ministerio Público en una de las varias causas iniciadas en su contra y otros miembros de su familia por parte de René Urban, quien hoy tiene la propiedad de las tierras usurpadas a la comunidad. La idea de los jóvenes era documentar la afectación a la vida de estos comuneros que reivindican sus tierras, parte de las cuales fueron ya adquiridas por el Estado al latifundista para ser restituidas a la comunidad por acreditarse su propiedad ancestral.

Concluido el registro, todos habían ido a almorzar a un local ubicado en la plaza central de dicha ciudad, siendo interceptados por un fuerte contingente compuesto por carabineros y policías de investigaciones. Sin indicarse en ningún momento el motivo de la detención, los tres fueron trasladados a la Comisaría de Collipulli, desde donde ambos documentalistas, tras liberar a Huenchullan, fueron trasadados al Cuartel de la Policía de Investigaciones de Angol.

La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado por el equipo extranjero. Christopher Cyril, quien había ingresado a Chile el 21 de febrero por el paso Los Libertadores, procedente desde Argentina, calificó el hecho como un "abuso policial".

Más tarde, en un extraño incidente en la ciudad de Temuco, ambos recibieron una fuerte golpiza callejera por un grupo de unas doce personas que les dejaron heridos en el lugar.

La rápida intervención de la embajada francesa evitó que los jóvenes fueran expulsados del país, como fue el caso de los documentalistas italianos, pero finalmente éstos decidieron de igual modo irse para evitar otras situaciones de abuso, como la que les afectó.

La “supuesta” violación a las ley de extranjería

Cabe destacar que la disposición invocada para expulsar a estos profesionales europeos, fue el artículo 26, Título I (Del ingreso al país, y De las Prohibiciones e Impedimentos de Ingreso), de las Normas de Extranjería, dictadas mediante Decreto Supremo N° 597 por Pinochet, en junio de 1984. Ello, pese a existir en el mismo cuerpo legal, infracciones que habilitan a la expulsión de un ciudadano extranjero.

El mencionado artículo, utilizado en su momento para impedir la llegada al país observadores internacionales a constatar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, señala textualmente:

26°.- Se prohíbe el ingreso al país a los siguientes extranjeros:

1. Los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno; los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado.

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