Campañas comunicacionales anti-mapuche


Hace ya varias semanas que el tema indígena está en primera línea de atención pública. Día tras día recibimos noticias de una supuesta araucanía en llamas y surgen voces iluminadas opinando sobre lo que se debió y debe hacerse.

En esta explosión noticiosa, el mercurio y la tercera llevan la vanguardia en la información tendenciosa y crítica sobre las movilizaciones mapuche. Hoy en particular, el mercurio trae dos artículos, uno de Sergio Villalobos, quien plantea que no existe el pueblo mapuche y que por lo tanto, el tema de reclamos territoriales, los conceptos de cultura ancestral y derechos colectivos, simplemente son alucinaciones trasnochadas de un par de sujetos que debieran estar en el manicomio o la cárcel.
Otro artículo del mismo diario titula que el mayor porcentaje de tierras ha sido entregado a las “comunidades violentistas”. Por su parte, la tercera en su editorial plantea que las políticas públicas han estado mal orientadas, que el tema de tierras debe ser reformulado, porque la entrega “indiscriminada’ de tierras no ha contribuído a la superación de la pobreza, o mejoras en niveles de educación o indicadores epidemiológicos. Según esta editorial, las políticas públicas tienen que orientarse a la “integración efectiva” del pueblo mapuche a la nación chilena.
Al respecto, se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero quizás es bueno puntualizar un par:
  1. Ninguno de los comentarios hace alusión a conceptos tales como: Derechos colectivos, derechos territoriales o derechos políticos. Los comentaristas, desconocen o al menos aparentan desconocer, que hace mucho rato que las políticas públicas en el ámbito indígena son y deben ser abordados bajo la perspectiva de los derechos que estos poseen. Continuar centrando el discurso en políticas de superación de pobreza, no hace sino continuar la lógica asistencialista que ha asumido el Estado chileno y que ha demostrado ser un absoluto fracaso a la hora de entender la temática y dinámicas indígenas.
  2. Los actuales conflictos de tierras tienen su origen en el no reconocimiento, de parte de CONADI, de la legítima demanda por tierras ancestrales.
  3. Al respecto, Conadi en su fondo de tierras, tiene como criterio de admisibilidad la existencia de títulos reconocidos por el Estado, ya sea títulos de merced o títulos entregados durante la reforma agraria. Los títulos de merced y los títulos de la reforma agraria fueron fruto del despojo sostenido, sistemático y aberrante de territorio, que fue entregado a colonos extranjeros, los que desplazaron a las Lof a los terrenos más áridos e inservibles de la región.
  4. Para superar este punto Conadi debe modificar su reglamento de fondo de tierras, y delcarar admisibles los reclamos sobre territorios ancestrales. Asunto que no es como parecen entenderlo muchos, una idea descabellada y la constitución de un nuevo estado dentro del estado chileno, o una amenaza a la integridad territorial chilena.
  5. Obviamente a estas alturas no es viable una restitución completa del territorio previo a la dominación del estado chileno, pero el Estado debe comprometerse, tal como lo ha demandado la ONU, a realizar un trabajo serio y honesto de demarcación del territorio mapuche. Existen múltiples experiencias a nivel internacional de mapeos participativos y negociaciones entre estados occidentales y pueblos indígenas.
  6. El 15 de septiembre próximo, entra en vigencia plena el Convenio 169. En este contexto, que el gobierno decida dejar fuera del proceso de consulta los proyectos de inversión, no es sino una maniobra desesperada y oscura para limitar el real efecto del Convenio 169.
  7. La reforma que supuestamente reconoce a los pueblos indígenas, no hace sino declarar la multiculturalidad de la nación chilena, que es definida como única e indivisible, con este “reconocimiento”, el estado chileno sólo reconoce en carácter folclórico a los pueblos originarios y los despoja de cualquier posibilidad de ejercer y asumir sus derechos colectivos y su reconocimiento como sujetos de derecho.
  8. El consejo indígena y los cupos parlamentarios vienen a estas alturas a ser sólo escenarios presentados como quimeras que solucionarían el tema de la participación indígena, estos verdaderos caballos de troya no son sino la anulación absoluta del poder de consulta consagrado por el Convenio 169 y un nuevo desafío a la comunidad internacional, que ve con preocupación cómo el estado chileno trata una vez más de coartar y coaptar las legítimas demandas indígenas.
Mientras continuemos con esta verdadera política de supuestos beneficios, que no son sino trampas maquilladas con la idea de buenas intenciones, difícilmente lograremos un entendimiento a nivel social y político.
Es urgente comprender, escuchar y aceptar lo que los pueblos indígenas están diciendo, mientras el estado mantenga su actitud intransigente y mientras la sociedad chilena mantenga sus prejuicios, será imposible avanzar en una agenda común que favoreza tanto a los pueblos indígenas, como la sociedad chilena.
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